Según información circulante, Mayra Salazar, dentro de las acusadas en el caso Metástasis y de gran importancia en el caso Purga, habría sido llevada de la Casa de Confianza en Chillogallo, al sur de Quito, hacia la penitenciaría de Cotopaxi. El transporte se dio a cabo mediante un vehículo militar.
A pesar de no haber sido reveladas oficialmente las razones de la transferencia, los abogados de Salazar han expresado su preocupación en torno a su seguridad, argumentando la falta de garantías en su protección en la prisión anterior.
La significación de los testimonios de Salazar en los casos de Metástasis y Purga resulta crucial para las investigaciones en desarrollo, suscitando diversas reacciones en el ámbito jurídico y público. Desde su detención, ha sido víctima de amenazas de muerte, incluyendo intentos de envenenamiento, lo cual ha incrementado la inquietud por su seguridad.
Salazar es una colaboradora esencial de la Fiscalía General del Estado y su declaración se considera determinante en múltiples investigaciones en curso, lo que intensifica la complejidad y riesgo de su situación.
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