La audiencia del Caso Encuentro se reactivó el martes 23 de julio de 2023. La Fiscalía General del Estado presentó su dictamen contra varios involucrados por su presunta participación en delincuencia organizada.
El proceso judicial, que había sido previamente suspendido, se reanudó para analizar detalladamente los argumentos y pruebas presentados por la Fiscalía.
Según el dictamen, se señala que se cometieron diversas acciones ilícitas para obtener beneficios económicos indebidos, involucrando a empresas públicas y colaboración de distintos actores del sector eléctrico.
La Fiscalía ha presentado elementos que respaldan la acusación contra los involucrados, solicitando que se les lleve a juicio.
La Fiscalía General del Estado ha solicitado que se inicie el juicio contra varios individuos por su presunta implicación en delincuencia organizada en el caso Encuentro.
Esta petición se fundamenta en la evidencia recopilada durante la investigación, demostrando la existencia de una red criminal operando en diversas entidades públicas.
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La Fiscal ha destacado que los elementos probatorios respaldan la acusación de delincuencia organizada, afectando la integridad de instituciones estatales.
El juez Renán Andrade lideró la primera audiencia del Caso Encuentro el 5 de julio. Tras evaluar los argumentos presentados, determinó su competencia y declaró la validez procesal, permitiendo avanzar en la etapa preparatoria de juicio.
La fiscal Luzmila Lluglla acusó a varios individuos como presuntos autores del delito de delincuencia organizada, involucrados en beneficios económicos ilícitos a través de empresas estatales.
Se ha indicado que estos individuos habrían realizado actos ilícitos con la complicidad de personas del ámbito eléctrico para obtener ganancias indebidas.
El caso Encuentro es una investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado, enfocándose en una presunta organización criminal que habría influenciado instituciones públicas para obtener beneficios económicos ilícitos.
Se investiga el direccionamiento de contratos y facilitación de ingresos irregulares en entidades estatales, operando de manera coordinada y planificada en distintas instituciones públicas.