El líder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Andrés Fantoni, toma medidas legales ante la Corte Constitucional para impugnar la votación que designó a Mario Godoy como nuevo presidente de la Judicatura, sustituyendo a Dunia Martínez.
Andrés Fantoni cuestiona la validez de la votación realizada en ausencia de consejeros clave en la sesión.
En su argumentación, Fantoni destaca la carencia de facultades de ciertos consejeros para influir en la reconsideración de una decisión en la que no participaron originalmente.
Las implicaciones de reevaluar la designación de Martínez han generado controversia en torno a la legitimidad de los procesos llevados a cabo por el Cpccs.
El Cpccs ha hecho público un informe oficial detallando la sesión en cuestión, destacando la presencia de los consejeros autorizados para votar.
Se señala que la sesión fue suspendida temporalmente y posteriormente retomada para debatir la designación de Dunia Martínez, seguida por la posterior reconsideración de dicha designación en una sesión regular donde se permitió la participación de consejeros ausentes en la sesión previa.
Fantoni considera esta acción como una infracción a los reglamentos internos del Cpccs y un acto ilegítimo.
El presidente Fantoni respalda su posición citando normativas vigentes y jurisprudencia específica, argumentando que la votación de reconsideración vulnera los procedimientos establecidos y socava la legalidad de las decisiones tomadas en el pleno.
El informe también destaca las observaciones de la Procuraduría General del Estado, resaltando la importancia de seguir los procesos legales en la designación de autoridades, y subrayando que cualquier resolución contraria a dichos procedimientos carece de validez legal.
La expectativa de Fantoni es que la Corte Constitucional declare la invalidez de la votación de reconsideración y se restablezca la designación original de Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura.
Este caso pone de manifiesto las tensiones internas en el Cpccs y la necesidad de cumplir estrictamente los procedimientos legales para garantizar la transparencia y legalidad en los nombramientos de autoridades.