El juicio político en Ecuador es una herramienta de control que la Asamblea Nacional ejerce sobre diversas funciones estatales, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas. Se destina a sancionar y destituir a altos funcionarios que incumplen sus deberes o se ven involucrados en actos de corrupción.
En lo que va del año 2024, la Asamblea Nacional ha censurado a tres exautoridades. La exministra de Energía, Andrea Arrobo, se enfrenta a un nuevo juicio político debido a la crisis energética en el país. Por otro lado, avanza el juicio contra el exministro del Interior, Juan Zapata, quien será juzgado en rebeldía tras no presentar pruebas en su defensa ante la Comisión de Fiscalización.
Este mecanismo de juicio político está respaldado por la Constitución ecuatoriana y regulado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Puede ser iniciado contra altos funcionarios como el Presidente de la República, ministros de Estado, miembros de la Corte Constitucional, entre otros.
El procedimiento inicia con una solicitud presentada por al menos un tercio de los miembros de la Asamblea Nacional, incluyendo pruebas de la supuesta infracción. Tras la admisión de la solicitud, se procede a una fase de investigación y defensa del acusado. Posteriormente, el caso se debate en el Pleno de la Asamblea, requiriendo una mayoría calificada de dos tercios para la destitución del funcionario.
La implementación del juicio político en Ecuador garantiza la separación de poderes y el Estado de derecho, fortaleciendo la democracia en el país.
La censura del exministro Esteban Bernal en enero de 2024 se basó en acusaciones de exclusión injustificada de beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Bernal defendió su gestión, explicando los criterios de exclusión y la incorporación de nuevos beneficiarios.
El juicio contra Fausto Murillo y Juan José Morillo del Consejo de la Judicatura destacó por acusaciones de influencias indebidas y desatención de problemas administrativos. Tras una extensa sesión, ambos fueron destituidos por no cumplir con sus funciones.
El exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, fue censurado por su presunta responsabilidad en la crisis energética, con 95 votos a favor en el Pleno de la Asamblea Nacional. El caso ha sido remitido a la Fiscalía y a la Contraloría para investigaciones adicionales.