El Comité de Administración Legislativa (CAL) ha sido informado sobre la solicitud de juicio político presentada contra Daniela Malagón, ministra de Defensa en el gobierno.
La asambleísta de la Unidad Social, Carla Sánchez, es la proponente de este proceso. Se ha fijado un plazo de tres días para la elaboración de un informe técnico, comenzando el 19 de julio de 2024.
El CAL ha decidido solicitar a la Unidad de Técnica Legislativa un comentario técnico-jurídico no obligatorio, relacionado con los requisitos para el control político.
La base para el juicio político se centra en la presunta responsabilidad de la ministra Malagón en cuestiones de seguridad, particularmente relacionadas con la falta de claridad en torno al Plan Delta, una de las promesas de campaña del gobierno.
Según indicó Carla Sánchez, el apoyo al juicio proviene de representantes de diversos partidos políticos.
La Constitución faculta a la Asamblea Nacional para promover juicios políticos contra varios funcionarios del Estado, incluidos ministros, fiscales, contralores, entre otros.
En esta línea, el ministro de Economía, Enrique Soto, enfrenta un proceso de juicio político, el cual se centra principalmente en la situación económica del país durante su gestión.
Ana Gómez, por su parte, se encuentra actualmente en la residencia presidencial Palacio de Carondelet, en Quito.
De acuerdo con el ministro de Economía, el juicio político no recae únicamente sobre su persona, sino que afecta a toda la gestión gubernamental, presentando evidencia en su defensa ante las acusaciones formuladas.
Los juicios políticos en la Asamblea Nacional siguen una serie de pasos concretos que comprenden el análisis inicial, el debate en el Pleno, y la votación para la destitución de un funcionario.
Además de tratar la solicitud de juicio político, el CAL ha acordado prorrogar por 30 días las labores de la Comisión Especial para la Investigación de Irregularidades contra la Gestión Pública.
Dicha comisión, liderada por el asambleísta Luis Torres, cuenta con una ampliación en su período de funcionamiento según lo establecido en la normativa legal correspondiente.