El autismo es una condición neurobiológica que afecta la interacción social y la comunicación de las personas que lo experimentan. El uso político de esta condición puede tener consecuencias negativas, incrementando la posibilidad de discriminación. Es importante recordar que cada individuo con autismo presenta una diversidad de síntomas y habilidades.
El autismo, identificado también como Trastorno del Espectro Autista (TEA), es una condición del desarrollo neurológico que impacta la interacción social, la comunicación y los comportamientos de quienes lo padecen. El uso político de esta condición ha generado diversos debates y controversias.
El autismo cuenta con factores de riesgo asociados a componentes genéticos, ambientales e inmunológicos. Diversos genes y procesos como la migración neuronal están relacionados con la manifestación del trastorno. La exposición a ciertos factores ambientales durante el período prenatal puede influir en el desarrollo del autismo.
Investigadores como Gustavo Celis y Martha Ochoa han resaltado la importancia de la conectividad cerebral y la influencia del microbioma intestinal en el autismo.
Según datos del Ministerio de Salud Pública, en Ecuador se han registrado 5,738 casos de personas con autismo hasta el 2023, lo que representa una prevalencia global de uno de cada 160 individuos.
Es crucial comprender que el autismo no constituye una enfermedad mental ni una discapacidad intelectual. Además, no debe atribuirse a factores psicológicos derivados de la crianza. La clave reside en reconocer la diversidad neurobiológica presente en cada persona con autismo.
La Asociación de Padres y Amigos para la Defensa de los Derechos de las personas con Autismo (Apada) ha rechazado firmemente el uso político del autismo, subrayando que estas prácticas fomentan la discriminación. Asimismo, han interpuesto una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, con el objetivo de salvaguardar los derechos de las personas con autismo en Ecuador.