Nuevas Placas para Vehículos en Ecuador: Fecha de Implementación

Mejoras en la Seguridad Vehicular con las Nuevas Placas

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) anunció la introducción de un nuevo sistema de identificación vehicular en Ecuador.

El propósito principal de este cambio es fortalecer la seguridad de las placas para prevenir cualquier tipo de fraude.

La distribución de las nuevas placas comenzará en el año 2025, luego de que se agote el stock actual de placas en la ANT y en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales.

La transición hacia las nuevas placas debe completarse en un plazo máximo de dos años. Durante este período, los conductores podrán seguir utilizando las placas actuales sin ningún inconveniente.

A quiénes se les asignarán las nuevas placas

Las nuevas placas se otorgarán a los vehículos nuevos y a aquellos que hayan pasado la revisión técnica en un centro autorizado por la ANT.

Los GAD municipales y mancomunados serán los encargados de la distribución de las placas en cada jurisdicción.

Es importante recordar que la manipulación de las placas vehiculares constituye una falta grave de tráfico, con sanciones que incluyen la disminución de puntos en la licencia de conducción y una multa económica.

Desmantelamiento de un Centro Clandestino de Falsificación de Placas de Matrícula

En una operación llevada a cabo el 17 de julio de 2024, la Policía Nacional descubrió un depósito ilegal dedicado a la falsificación de matrículas vehiculares y otros documentos relacionados.

Gracias a los registros realizados en Guayas y Manabí, se logró recuperar una gran cantidad de documentos que evidenciaban la existencia de una red dedicada a la falsificación de trámites relacionados con vehículos.

Entre los elementos decomisados se encontraban certificados de inspección vehicular, documentos técnicos, hologramas de seguridad, códigos de barras, entre otros materiales utilizados para la falsificación.

Además, se descubrieron 31 sellos pertenecientes a GAD de 10 provincias, lo cual señala la magnitud de la operación ilegal.

Las investigaciones revelaron que se cobraba entre 50 y 150 dólares por cada documento falsificado, lo que podría haber generado un ingreso total cercano a los 30 millones de dólares, según la cantidad de documentos incautados.