En una reunión en el Centro de Quito, el grupo solicitó nuevamente a las autoridades el cumplimiento de una decisión legal que ganaron anteriormente y que aún no se ha llevado a cabo.
Las personas se manifestaron con pancartas y tambores, reclamando su derecho a ser regularizados y protegidos por las autoridades.
La sentencia a favor del grupo fue emitida en marzo de 2023, pero a pesar de ello, señalan la falta de avances en la implementación de medidas para garantizar su seguridad y regulación en el ejercicio de sus actividades en el Centro Histórico.
La sentencia resolvió la petición presentada por el grupo, reconociendo la violación de su derecho al trabajo y a la igualdad. El juez ordenó a las autoridades desarrollar un plan integral de regularización considerando aspectos como seguridad, higiene y salud, y la participación de diversos sectores en su elaboración.
Después de un año de la sentencia, el grupo denuncia la falta de cumplimiento de la misma, mientras que los residentes de la zona también solicitan a las autoridades la ejecución inmediata de la acción para abordar los problemas que afectan la región.