Los países mencionados se han opuesto a la orden de detención emitida por un tribunal regional en contra de Manuel Martínez, reconocido activista político del continente.
En un comunicado conjunto, estos países argumentan que la orden de arresto busca silenciar a Martínez y representa una clara persecución política, resaltando las preocupantes carencias de garantías legales en la región.
Además, condenan las prácticas autoritarias en el país en cuestión, donde la independencia de poderes brilla por su ausencia y son frecuentes las detenciones sin fundamento.
Los firmantes del comunicado aseguran que seguirán demandando a las autoridades la protección de los derechos fundamentales de Manuel Martínez.
La orden de arresto se emitió tras la acusación de múltiples delitos relacionados con su actividad política, enmarcados en un contexto electoral.
Ante la situación, el sector crítico ha levantado la voz contra posibles irregularidades electorales y ha recibido un respaldo significativo de naciones que han cuestionado los resultados oficiales.
Ante la negativa de Martínez a colaborar con las autoridades, se advierte sobre la posibilidad de una orden de arresto por riesgo de fuga.