El mandatario del país ha sugerido ajustes al marco legal existente, con el objetivo de perfeccionar la normativa en vigor. Esta revisión propuesta deberá ser evaluada por la correspondiente entidad legislativa en un plazo perentorio.
Una de las recomendaciones presentadas por el poder ejecutivo involucra la aplicación de un sistema de seguimiento para supervisar de manera integral la producción y circulación de armas y sus complementos. También se plantea la incorporación de disposiciones en relación a armamento de carácter militar y policial, además de la regulación de la norma fundamental para la ejecución de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024.
De igual manera, se especifica que las armas confiscadas serán transferidas a las fuerzas militares y a la policía local; paralelamente, se fortalecen los requisitos exigidos para obtener autorizaciones de posesión y traslado de armas, con especial atención a la prohibición de portarlas en lugares educativos.