En una rueda de prensa realizada recientemente, Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, ha dado a conocer una propuesta de reforma al artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la cual se enfoca en las sanciones por exceso de velocidad.
Según Peñafiel, la propuesta busca aplicar gradualidad y proporcionalidad en las sanciones por exceso de velocidad, convirtiendo la normativa en una herramienta educativa y evitando la prisión como máxima sanción. La reforma propone cinco etapas de sanción a lo largo de dos años, con multas que van desde un salario básico hasta la privación de libertad en situaciones extremas.
La iniciativa tiene como objetivo promover una cultura educativa en lugar de punitiva, evitando posibles abusos por parte de las autoridades de tránsito y fomentando la aceptación de las sanciones por parte de la sociedad. Todo esto con la finalidad de mejorar la seguridad vial y evitar la arbitrariedad en las decisiones de las autoridades.
En relación a aspectos constitucionales, Peñafiel hizo hincapié en la importancia de establecer una lógica jurídica acorde a la cultura ecuatoriana y mencionó la necesidad de presentar las reformas correspondientes en la Asamblea Nacional. En caso de oposición, se podrían emprender acciones constitucionales como demandas de inconstitucionalidad o solicitudes de medidas cautelares.
Los operativos de control de velocidad comenzaron el martes 30 de julio en Quito, con el propósito de reducir los accidentes en la ciudad y preservar vidas en las vías. Se han establecido límites de velocidad para vehículos livianos en áreas urbanas, con multas y penalizaciones claras para aquellos que superen dichos límites, con la meta de garantizar la seguridad y el respeto a las normas de tránsito.