Debido a la crisis energética que atraviesa el país, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha calificado el proceso del juicio político contra la exministra de Energía, Andrea Arrobo. La sesión tuvo lugar la noche del miércoles 8 de mayo de 2024, donde la mesa legislativa aprobó la solicitud.
Dentro del informe técnico jurídico no vinculante de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) se evaluó el cumplimiento de los requisitos para el enjuiciamiento político de la exministra. La Comisión de Fiscalización ha calificado el proceso de acuerdo a lo establecido en el artículo 980 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
La exministra, Andrea Arrobo, estuvo al frente de esta Cartera de Estado durante cerca de cuatro meses, hasta el 16 de abril de 2024, cuando, tras una crisis energética, el presidente Daniel Noboa solicitó su renuncia. Posteriormente, el 17 de abril fue acusada de un supuesto sabotaje que habría impactado en el sector energético.
Junto a la exministra, otros 20 funcionarios también fueron señalados como posibles cómplices en la crisis energética.
Dos bancadas de la Asamblea fueron las principales impulsoras del juicio político en contra de la exministra, Andrea Arrobo. Estas fueron el frente del movimiento Construye y el Partido Social Cristiano (PSC).
El pasado 24 de abril de 2024 presentaron oficialmente una solicitud respaldada por 40 firmas.
La interpelación hacia Arrobo deberá ser pospuesta, ya que su proceso en la Comisión de Fiscalización tiene múltiples pedidos de interpelación, incluyendo a la fiscal general, Diana Salazar. Esta petición fue presentada por la bancada del correísmo.