Tras el caso AlbaJuez, la Fiscalía General del Estado informó que dos individuos están siendo enjuiciados por presunta asociación ilícita, supuestamente vinculados con la mafia albanesa en Ecuador.
Los involucrados son Douglas Ángel C., secretario de la Unidad Judicial del cantón Valencia (Los Ríos), y el abogado Luis S. Ambos han recibido prevención de prisión durante los siguientes 90 días, el período que durará la investigación fiscal.
Lenin G., otro de los implicados, se encuentra en fuga. Se sospecha que ha alterado las medidas de prisión preventiva por presentaciones periódicas, logrando la liberación de tres acusados.
La pesquisa muestra que los acusados habrían otorgado de manera irregular medidas de precaución a favor de tres procesados que estarían vinculados con la mafia albanesa. Estos individuos seguían detenidos preventivamente luego de allanamientos realizados en el caso Pampa, al ser supuestos integrantes de una red criminal liderada por el albanés Dritan G.
El juez Lenin G., que ordenó la liberación de los procesados, tiene una orden de arresto en su contra y está prófugo.
Según Pablo Játiva, experto en Legales, existe evidencia de la influencia del crimen organizado internacional en las instituciones de Ecuador. Esta influencia va más allá del control de fronteras y se extiende a buscar impunidad infiltrándose en entidades de justicia.
Ha habido una evolución desde el control territorial hasta el control institucional por parte de la delincuencia organizada, reflejando una mayor gravedad en la crisis de seguridad del país.
Investigaciones europeas realizadas en 2023 confirmaron la presencia de la mafia albanesa en Ecuador para el traslado de cocaína hacia Europa. Se identifican dos corrientes de la mafia albanesa en el país, una manejando droga proveniente de Perú y la otra operando con cocaína de Colombia.
Los casos Metástasis y Plaga han mostrado la incursión del crimen organizado en el sistema de justicia del país. Estas investigaciones revelaron lazos entre jueces, abogados y miembros de organismos como el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
La exploración de la Fiscalía General del Estado se inició tras el asesinato del traficante de drogas Leandro Norero Tigua en 2022, en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, donde se encontraron dispositivos móviles con información relevante.