Designado el nuevo Defensor Público de Ecuador

Proceso de nombramiento con desafíos

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) ha dado a conocer al nuevo Defensor Público de Ecuador. La selección tuvo lugar la noche del miércoles, 26 de junio de 2024.

Tras diferentes controversias y evaluaciones legales sobre el proceso de elección y designación, se ha determinado el nuevo responsable de la institución.

El próximo defensor asumirá el cargo después de que la Asamblea Nacional le tome la promesa de ley, aunque la fecha precisa aún no ha sido establecida. Actualmente, Ángel Torres lidera la Defensoría Pública.

Complicaciones en la selección del Defensor Público

En junio de 2024, Andrés Fantoni señaló que la Comisión Ciudadana de Selección desconoció resoluciones previas, generando incertidumbre en el proceso de designación. A pesar de la polémica, finalmente se confirmó al nuevo Defensor Público.

El letrado Ricardo Morales Vela se destacó como ganador del concurso, obteniendo la mejor calificación luego de completar todas las etapas del proceso de selección.

Después de evaluar las impugnaciones, se descartaron varios aspirantes por diversos motivos, lo que permitió que Morales Vela se convirtiera en el nuevo Defensor Público.

Perfil del nuevo Defensor Público

Ricardo Wladimir Morales Vela es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, abogado y magíster en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Su experiencia incluye roles como defensor público general (s), coordinador nacional de Gestión y subsecretario de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia, entre otros puestos relevantes.

Además, ha ejercido labores en la enseñanza universitaria y ha sido comisionado por la Presidencia de la República en temas de Diálogo Penitenciario y Rehabilitación, así como en la Corte Nacional de Justicia.

Responsabilidades del Defensor Público

El Defensor Público, Ricardo Wladimir Morales Vela, cuenta con obligaciones establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. Entre sus funciones se encuentra la asesoría legal y representación en diversos ámbitos jurídicos, como penal, de niñez y adolescencia, familiar, laboral, entre otros.

Asimismo, se centra en proporcionar atención a personas en situaciones vulnerables, garantizar el acceso a la justicia y prevenir conflictos sociales. La formación y difusión de conocimientos en derechos humanos también son parte integral de sus tareas.