Con el objetivo de mejorar la movilidad de los concejales, el Municipio de Quito adquirió 22 vehículos que fueron entregados el martes 13 de agosto de 2024.
Este hecho generó desacuerdo entre algunos representantes como Wilson Merino, Bernardo Abad y Fidel Chamba, quienes cuestionaron la inversión realizada y propusieron alternativas de uso más benéficas para la comunidad.
La adquisición de cada automóvil tuvo un valor de 21,800 dólares, totalizando un gasto de 479,600 dólares por los 22 vehículos.
Además de estos vehículos, se adquirió uno nuevo para el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por 59,788 dólares, un Chevrolet Trailblazer Premier 4×4 del año 2024, con servicio de mantenimiento preventivo incluido. En total, el Municipio gastó 539,388 dólares en la compra de los 23 vehículos.
Según el abogado constitucionalista Edison Guarango, el proceso de devolución de bienes adquiridos por entidades públicas se rige por la Ley Nacional de Contratación Pública, la cual no establece un mecanismo específico para la devolución. No obstante, posibles irregularidades en el contrato podrían justificar la devolución.
La abogada constitucionalista André Benavides considera que la devolución de los vehículos podría ser complicada debido a los procedimientos de contratación pública. Una mediación podría ser una opción, aunque la aceptación del contratista no sería sencilla.
Desde la perspectiva de la abogada penalista Nathalya Salazar, la viabilidad de la devolución está condicionada a la correcta ejecución de los procesos de compra pública, incluyendo la adecuación al presupuesto, la vida útil de la flota anterior y los mantenimientos planificados. En caso de anomalías, se podría rescindir el contrato.
Los vehículos rechazados por Wilson Merino, Fidel Chamba y Bernardo Abad serán reasignados a otras dependencias del Municipio, según lo declarado por el concejal Merino a EL COMERCIO.
La Contraloría tiene la facultad de examinar el contrato de compra de los vehículos ante posibles denuncias de irregularidades o durante una auditoría especial que detecte alguna anomalía, permitiendo identificar responsabilidades civiles, administrativas o indicios de responsabilidad penal.