Pacientes con diálisis corren el riesgo de no ser atendidos si el Estado no cancela la deuda que tiene con las instituciones de salud privadas, advierte la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe).
El 26 de abril, la Achpe presentó un alegato a la Corte Constitucional (CC), solicitando verificar el cumplimiento de la Sentencia Nro. 16-16-JC/20, emitida el 30 de septiembre de 2020, porque el Ministerio de Salud Pública mantiene una deuda alta con los Centros Especializados de Diálisis (CED).
En dicha sentencia, la Corte determinó que los ministerios de Salud y de Finanzas mantengan procesos de coordinación eficaces, a fin de cumplir oportunamente y de manera regular con el financiamiento de la política pública, la cual incluye la consignación de los pagos a los establecimientos privados que prestan el servicio de diálisis.
La Asociación instó al presidente Daniel Noboa a priorizar la inversión en salud.
“Aunque la deuda a los Centros de Diálisis se gestó en los gobiernos anteriores, Achpe subraya que, siendo una realidad actual, esta exige una solución urgente; pues, de lo contrario, se mantiene la amenaza estructural al derecho a la salud y la vida de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica, tal y como lo sentenció, en su momento, la Corte Constitucional”, señala Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva y representante legal de la organización, en un comunicado.