La primera persona en cuestión ha rechazado toda relación con la segunda persona y ha solicitado investigaciones que respeten rigurosamente la normativa legal vigente, enfatizando la importancia del proceso legal establecido.
También se ha hecho mención a un tercero, expresando que en un período pasado se contrató un servicio técnico que no mantuvo comunicación posterior.
En respuesta a las acusaciones recibidas, se ha destacado la falsedad de las insinuaciones y se ha ratificado el compromiso de actuar en estricto apego a la legalidad en todas las decisiones judiciales tomadas, resaltando la relevancia de llevar a cabo investigaciones de acuerdo con el marco legal y el debido proceso establecido.
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Una persona, en un testimonio revelador en un tribunal ecuatoriano, mencionó a varias figuras políticas y judiciales, entre ellas la persona anteriormente mencionada.
Se han formulado declaraciones en torno a supuestas actividades ilegales sin presentar evidencia concreta que las respalde.
Dentro de su declaración, se han presentado detalles sobre una presunta negociación para la liberación de la persona en cuestión en un año específico, involucrando a otras personas relevantes en el proceso.
Se ha alegado un pago significativo para la liberación, realizado a través de una tercera persona identificada en el testimonio.