Se ha interpuesto una nueva solicitud al Tribunal Constitucional en relación al nombramiento de un nuevo presidente de una institución clave.
Una representante del órgano de control ha presentado una acción legal ante el Tribunal Constitucional por este asunto.
La representante, en su solicitud, pide a la máxima instancia judicial no validar el nombramiento, tras una acción legal presentada por otra persona en el pasado.
Este movimiento surge tras un cambio de decisión en la institución que originalmente había seleccionado a otra persona para liderarla.
Además, se ha solicitado que se apliquen medidas disciplinarias a ciertos miembros del órgano de control, por su actuación respecto a este asunto y su impacto en la percepción pública.
En la solicitud se argumenta que, de proceder con la investigación, la solicitante no debería enfrentar sanciones ya que ella había abogado por una rápida designación en el pasado.
Un experto en derecho constitucional ha declarado que el nombramiento en cuestión no es un tema constitucional directo.
Este experto menciona diversas irregularidades legales en el nombramiento, como la falta de revisión exhaustiva de ciertos aspectos pendientes.
Asimismo, señala que el curso de acción adecuado sería presentar reclamaciones en el ámbito de la justicia administrativa, dado que el tema se enmarca en aspectos de legalidad.