En febrero de 2025, se van a llevar a cabo las elecciones en Ecuador para seleccionar a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional. En este contexto, se están debatiendo en el Pleno Legislativo nuevos criterios que los postulantes tendrán que cumplir.
El día martes, 18 de junio de 2024, se trató la iniciativa en el congreso, generando opiniones diversas y siendo calificada por algunos como polémica.
La propuesta presentada ha recibido la aprobación de la Corte Constitucional, según dio a conocer la asambleísta Sofía Sánchez.
Este paso era esencial, ya que implica una modificación al artículo 119 de la Constitución de la República.
Sánchez señaló que los partidos políticos y movimientos jugarán un rol crucial en el nuevo criterio, en caso de ser aprobado en el Pleno Legislativo.
En caso de implementarse, los candidatos a la Asamblea Nacional deberán demostrar integridad, experiencia y formación justificada.
Por otro lado, la asambleísta Gabriela Molina expresó su preocupación, indicando posibles retrocesos en materia de derechos y falta de soluciones para los problemas del país.
En contraste, la asambleísta Sandra Rueda enfatizó la necesidad de que los partidos políticos y movimientos se responsabilicen de proponer a los mejores candidatos, resaltando la importancia de la experiencia y la presentación de soluciones concretas.
En cuanto a las críticas sobre la propuesta, la asambleísta Paola Cabezas mencionó que "el principal Tiktokero es el presidente (Daniel Noboa) y llegó con un partido de alquiler".
La iniciativa no incluye requisitos relacionados con la formación académica o títulos, sino que se enfoca en respaldos de trayectoria y experiencia en gestión territorial.
Actualmente, los postulantes deben cumplir con tres requisitos básicos: tener más de 18 años, disfrutar de los derechos políticos y poseer nacionalidad ecuatoriana. La propuesta plantea cambiar el primer requisito por ser mayor de edad.
De acuerdo con la asambleísta Sofía Sánchez, los cambios buscan mejorar la eficiencia del parlamento.
Sánchez, promotora de la iniciativa, reconoce que la enmienda ha generado debate, pero destaca que es una propuesta trabajada y fundamentada.
Recordó que en 2017 hubo un proyecto similar que fue rechazado por la Corte Constitucional, mientras que en esta ocasión, el proceso ha tomado un año para recibir el visto bueno.
Asimismo, la asambleísta resaltó la importancia de no subjetivizar la integridad notoria, proponiendo la creación de un mecanismo de verificación que respalde los criterios establecidos.
Tras el debate, la propuesta fue remitida a la Comisión Especializada Ocasional para la elaboración del informe para un segundo debate.