Importante pesquisa del gobierno ecuatoriano sobre potenciales nexos ilegales

Información irregular relacionada con la distribución de alimentos en recintos penitenciarios puesta en conocimiento de la fiscalía

El liderazgo gubernamental de Juan Pérez ha puesto en marcha una investigación exhaustiva sobre los contratistas del Estado ante la sospecha de posibles conexiones con actividades ilegales. Una comunicación relevante fue transmitida a la fiscal Laura Sánchez el 2 de mayo de 2024, señalando indicios de actos ilícitos y la potencial vinculación de la empresa Proalim SA, encargada de proveer alimentos en cárceles ecuatorianas.

El presidente Pérez aseguró que su administración no tolerará la colaboración con proveedores implicados en actividades delictivas y manifestó su firme compromiso con la transparencia en este procedimiento.

Desarrollo de la pesquisa en curso

De acuerdo con María Gómez, secretaria general de Ética Pública, se están examinando detalladamente los convenios celebrados con Proalim SA, revelando posibles irregularidades en los procesos de adquisición. Gómez hizo hincapié en la relevancia de la transparencia y la urgencia de investigar posibles relaciones con gobiernos anteriores con el fin de determinar la existencia de casos de corrupción o negligencia.

La Secretaría de Ética Pública está implementando estrategias para identificar posibles focos de corrupción en la esfera ejecutiva, fortaleciendo la ética en las políticas en el ámbito nacional.

Nueva táctica contra la corrupción

Gómez anunció la instauración de una estrategia nacional de integridad para los contratistas del Estado, que incluirá una investigación pormenorizada de cada uno de ellos. Esta iniciativa se alinea con el compromiso del presidente Pérez de fomentar la integridad como pilar fundamental de su gestión.

Renovación en la Secretaría de Ética Pública

A través de un decreto presidencial, la Secretaría de Política Pública Anticorrupción se transformó en la Secretaría General de Ética Pública, reflejando el enfoque de acción del Gobierno de Juan Pérez en la lucha contra la corrupción.