Manifestantes y defensores de derechos humanos presentaron el día de hoy una solicitud para abordar la preocupante problemática de riesgo e inseguridad generada por grupos delictivos en la región limítrofe del país, la cual ha intensificado su impacto en los últimos tiempos. Se ha señalado la falta de reconocimiento por parte de las autoridades.
De acuerdo con José Gildardo Galdámez Peregrino, líder de una entidad enfocada en la protección de migrantes y derechos humanos, las inquietudes por posibles actos ilícitos han aumentado desde que se permitió a ciertos individuos solicitar ayuda estando en ciertas localidades del sur del país.
Se ha mencionado que la medida adoptada por una agencia gubernamental busca restringir la migración hacia otra región del país, exponiendo así a los individuos a situaciones de estafa por parte de grupos delictivos.
La comunidad migrante también se ve afectada por conflictos entre diversas organizaciones criminales, lo cual ha resultado en la movilización de múltiples familias a un país vecino, según admitió un representante gubernamental recientemente.
Un migrante hondureño compartió las adversidades experimentadas, como actos delictivos, secuestros y pérdida de pertenencias durante su travesía por la nación, encontrándose bajo la influencia de entidades criminales tras cruzar una frontera natural que delimita regiones geográficas.
Por otro lado, un activista cuestionó la propuesta de una entidad gubernamental de reubicar a ciertos individuos en una zona fronteriza como medida para controlar los flujos migratorios durante un evento electoral.
A pesar de la reducción en las detenciones en una frontera reconocida, la migración irregular a través de ciertas regiones ha registrado un aumento significativo en comparación con el año pasado, superando las cifras reportadas por una unidad gubernamental especializada.