Además de su función como presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre es también asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana y ha sido denunciada formalmente ante la Fiscalía General del Estado debido a estos acontecimientos.
La asambleísta Gissella Molina ha expresado su convicción de que se lleve a cabo encausamientos legales en contra de quienes colaboren con organizaciones delictivas en el país.
Asimismo, se ha interpuesto una denuncia adicional ante el Consejo de Administración Legislativa en relación con lo sucedido, señalando la colaboración de Aleaga en la Asamblea.
Por otro lado, Diana Salazar, fiscal general, abandonó su presentación ante la Comisión de Fiscalización tras la participación infructuosa de Aleaga, instando a que se proporcione información acerca de su paradero en un plazo de 48 horas.
En sus declaraciones a CNN en español, Salazar ha mencionado las posibles repercusiones legales para aquellos que encubran a un fugitivo de la justicia, haciendo referencia a Pamela Aguirre.