El veto presentado por Daniel Noboa, presidente de la nación, ha generado controversia al detallar que las modificaciones propuestas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Judicial no cumplen con los parámetros constitucionales vigentes en Ecuador.
Noboa enfatizó la importancia de realizar reformas judiciales con la debida participación y análisis de todos los involucrados para salvaguardar la independencia del sistema legal. Además, considera que el proyecto de ley no responde a las necesidades actuales del país, especialmente en un contexto marcado por desafíos internos y la lucha contra la corrupción.
Además de los puntos previamente mencionados, las modificaciones propuestas incluían temas como concursos para ocupar cargos judiciales, regulación de horarios laborales, modalidades de trabajo a distancia, traslados, y delitos específicos como la violencia de género. También se contemplaban nuevas normativas para el funcionamiento del Consejo de la Judicatura en situaciones de detención preventiva o prisión domiciliaria.
El veto total presentado por el Presidente impide que la Asamblea Nacional debata nuevamente sobre estas reformas judiciales en un plazo de un año, siguiendo lo establecido en la normativa vigente.