Diana Salazar es una figura sobresaliente en el ámbito legal ecuatoriano, reconocida por su importante labor en la Fiscalía General del Estado. Ha ocupado diversos roles dentro de la entidad, culminando con su designación como Procuradora General en abril de 2019.
Su trayectoria se ha caracterizado por su implicación en casos significativos que han tenido un gran impacto en la lucha contra prácticas ilícitas y otros delitos graves en la nación.
Antes de asumir como Procuradora General, Salazar acumuló experiencia en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), donde se destacó en la pesquisa de delitos económicos. Su formación académica incluye una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales, así como una maestría en Derecho Procesal Penal, lo que le ha permitido desenvolverse con eficacia en sus funciones jurídicas.
Desde su nombramiento, Salazar ha liderado investigaciones de alto perfil y ha implementado distintas estrategias para fortalecer la independencia judicial en Ecuador. Su gestión ha sido objeto de atención tanto a nivel nacional como internacional, dada la coyuntura política y social en la que ejerce la justicia ecuatoriana.
El caso Encuentro fusiona dos investigaciones de la Procuraduría ecuatoriana que implican a Danilo Carrera, pariente político del extitular Guillermo Lasso, en un supuesto entramado de fraudes en la administración pública y entidades estatales.
El 31 de octubre de 2023, la Procuraduría decidió unir ambas pesquisas tras descubrir hechos relevantes en los procesos. Iniciado en enero de 2023, el caso Encuentro revela presuntas actividades ilícitas de Carrera y otros implicados en compañías públicas, según revelaciones del portal La Posta en la serie 'La Gran Conspiración'.
Las exploraciones también señalan a Hernán Luque, expresidente del consejo de EMCO, y a Leonardo Cortázar, supuesto ejecutor de una red de fraudes en CNEL. Audios filtrados mencionan a Carrera como líder de la trama y a Luque solicitando pagos mensuales, depositados en una cuenta en Andorra.
El 4 de marzo de 2024, la Procuraduría y la Policía Nacional llevaron a cabo un operativo en Guayas que resultó en la detención de 12 individuos, incluidos Pablo Muentes, antiguo asambleísta del Partido Social Cristiano, y María Fabiola Gallardo, exdirectora de la Corte de Justicia del Guayas, como parte de una investigación por supuesta delincuencia organizada derivada del Caso Metástasis.
La principal de la Fiscalía, Diana Salazar, manifestó que el caso busca eliminar la corrupción del sistema judicial. Se confiscaron armas de fuego, dispositivos electrónicos, relojes de alta gama, joyas y efectivo durante el operativo. En la audiencia, se dictó prisión preventiva para 11 detenidos y arresto domiciliario para uno de ellos por superar los 65 años de edad.
La Procuraduría de Ecuador solicitó a la Corte Nacional iniciar un proceso penal contra el expresidente Lenin Moreno y su círculo cercano por supuestos actos ilícitos en la asignación del contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair a la empresa china Sinohydro. Diana Salazar indicó posibles sobornos por millones de dólares disfrazados como asesorías en dicho proyecto.
Entre los acusados figuran Moreno, su cónyuge, su descendiente, sus hermanos y Conto Patiño, así como otros allegados. La Procuraduría ha efectuado distintas diligencias en la investigación, incluyendo registros y asistencias judiciales internacionales.
El anuncio generó reacciones políticas, con Moreno defendiendo su inocencia desde Paraguay, donde reside en la actualidad.