Se han descubierto operaciones de corrupción y lavado de activos lideradas por el principal implicado, Leandro Norero, y su círculo cercano. La Fiscalía ha acusado a varios involucrados en la organización, incluyendo abogados, jueces, fiscales y funcionarios públicos.
Esta red favoreció la evasión de la justicia mediante sobornos y tráfico de influencias, con participación tanto en el sistema judicial como penitenciario.
Leandro Norero, como líder, se identifica como el artífice principal de estas operaciones, ideando estrategias para garantizar su impunidad movilizando importantes sumas de dinero.
Varios abogados desempeñaron roles clave en la red, manipulando sentencias y facilitando sobornos a jueces para favorecer a Leandro Norero.
Otros actores, como intermediarios y agentes penitenciarios, también fueron identificados en la trama.
Funcionarios penitenciarios recibieron pagos para facilitar beneficios en prisión, permitiendo a Norero disfrutar de privilegios y control dentro del sistema carcelario.
Se destaca la colaboración de altos funcionarios de seguridad y justicia en facilitar contactos, fondos y manipulación de pruebas para evadir acciones legales.
Varios jueces y fiscales han sido mencionados en el informe por favorecer los intereses de la organización mediante decisiones clave y modificaciones a favor de Norero.