El Consejo de Europa, conformado por 46 estados, ha anunciado un acuerdo internacional destinado a regular la adopción de nuevas tecnologías en diferentes ámbitos. Dicho tratado se enfoca en la responsabilidad y gestión de los riesgos asociados con la implementación de tecnologías emergentes a lo largo de su ciclo de desarrollo, aplicándose tanto en el ámbito público como privado.
Uno de los puntos fundamentales de este tratado es la obligación de los países firmantes de identificar, evaluar, prevenir y mitigar los posibles riesgos derivados de la adopción de tecnologías, especialmente aquellos que puedan comprometer derechos fundamentales o la igualdad de género. Asimismo, se busca evitar que estas tecnologías puedan ser utilizadas para fines que atenten contra la democracia.
El tratado, resultado de un extenso proceso de debate y colaboración entre representantes de los 46 estados miembros del Consejo de Europa y países como Argentina, Australia, Canadá, Costa Rica, El Vaticano, Israel, Japón, México, Perú, Estados Unidos y Uruguay, también involucra a actores del sector privado, la sociedad civil y la academia.
La regulación establecida en este tratado podrá ser adoptada de manera directa por los países firmantes o mediante la implementación de disposiciones similares que garanticen la protección de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Esto se debe a la diversidad de enfoques jurídicos presentes en los países involucrados.
El Consejo de Europa ha comunicado que se establecerá un mecanismo de seguimiento para verificar la implementación efectiva del tratado, el cual será abierto a la firma durante una conferencia de ministros de Justicia en Vilna el próximo 5 de septiembre.