Se está trabajando para solucionar la carencia de proveedores de alimentos en instituciones correccionales, tras la finalización del contrato con el proveedor previo, debido a problemas administrativos.
La compañía proveedora suspendió sus servicios en varias provincias del país, alegando una deuda millonaria con el Estado.
Esta situación ha generado dificultades financieras que han derivado en la interrupción de los suministros alimenticios.
La suspensión ha tenido un impacto negativo en varias instalaciones penitenciarias, afectando a un número considerable de personas privadas de libertad.
A pesar de la situación, se ha mantenido la provisión de alimentos en un centro específico en Portoviejo, Manabí.
Hasta el momento, la empresa no ha hecho declaraciones oficiales al respecto.
En relación a la selección de nuevos proveedores, se han tomado medidas legales para investigar posibles conductas indebidas por parte de la empresa en cuestión.
Como parte de las medidas adoptadas, se ha iniciado un proceso de contratación pública transparente con el objetivo de evitar futuras irregularidades.