En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se ha escuchado el testimonio inicial de María S. en el caso Epidemia, donde se han descubierto vínculos con grupos delictivos. María S. trabajaba en el Departamento de Investigación antes de unirse a la red criminal.
La Fiscalía está investigando delitos relacionados con la delincuencia organizada y ha presentado cargos contra 31 personas en este caso, incluyendo a jueces, abogados y otros individuos.
La red criminal reclutaba nuevos miembros ofreciendo incentivos económicos o beneficios a cambio de realizar trámites ilegales para liberar a reclusos, incluso aquellos que ya contaban con una condena.
En su declaración, María S. mencionó a Carlos V., uno de los líderes de la organización, y describió el proceso utilizado para la liberación de reclusos en colaboración con abogados como Andrea L., quien también está siendo investigada en otro caso.
Los pagos para la liberación de los reclusos oscilaban entre 25,000 y 50,000 dólares, dependiendo del tipo de delito cometido, según lo revelado por María S.
Otros individuos mencionados en la red delictiva incluyen exjueces, como Lucas Mendoza, quien se benefició de manera ilegal a personas como Mauricio Gómez y Esteban Ortega con recursos irregulares, utilizando sus conexiones en diversas instituciones carcelarias y con otros jueces en la región.
La red criminal operaba con la complicidad de varios jueces, abogados y funcionarios penitenciarios, facilitando la liberación de reclusos a través de tácticas ilegales como la falsificación de documentos médicos.
El testimonio inicial también destacó la participación de otros jueces en la organización delictiva, como Isabel C. de Manta, Fernando Alvarado de Esmeraldas, Juan Pérez de La Libertad, Mariana R. de Pedernales, José S. de Loja y José L. de Guayaquil.