Protesta del transporte público en una ciudad ecuatoriana afecta la asistencia escolar

Las regulaciones locales establecen una penalización monetaria por la interrupción del servicio público en dicha localidad

En el día de hoy, martes 10 de septiembre, continúa la suspensión del servicio de transporte urbano en la mencionada ciudad debido a la falta de consenso entre los transportistas y las autoridades correspondientes.

El Alcalde de la ciudad ha expresado su desacuerdo con la protesta llevada a cabo por cierta organización gremial de transporte, señalando que impacta negativamente en la movilidad y en la educación de los menores, por lo que se tomarán medidas disciplinarias al respecto.

La entidad encargada de regular el tránsito y la movilidad en la ciudad ha comenzado a emprender acciones sancionadoras contra 19 compañías de transporte por la suspensión del mismo, imponiendo una multa que equivale a ocho salarios mínimos unificados.

Adaptación de las actividades escolares en la ciudad afectada

Frente a la interrupción del servicio público de transporte en la localidad, el Ministerio de Educación ha implementado medidas para asegurar la continuidad en la enseñanza de los alumnos.

Se han llevado a cabo ajustes en los horarios de clase durante los días de protesta, priorizando la seguridad de los educandos, con modificaciones en los horarios de la mañana, tarde y noche, así como la aplicación de planes de continuidad educativa para aquellos que no puedan acudir de manera presencial.

Un total de 22 compañías brindan servicio el martes 10 de septiembre

Ocho nuevas compañías se han sumado a las 14 existentes que prestan el servicio de transporte en diversas áreas de la ciudad mencionada.

Las empresas activadas en el día de hoy abarcan Juan Pueblo I, Floresta II Piso Techo, Santiago de Guayaquil, Ciudad de Guayaquil, Juan Pablo II, Diez de Agosto, Cayetano Tarruell y Chongón, sumando un total de 22 compañías prestando servicio.

Además, la entidad reguladora ha iniciado procesos sancionadores contra otras cinco compañías por la suspensión del servicio público, elevando a 24 las compañías sujetas a sanciones.