Un conjunto de agrupaciones sociales ha comunicado su intención de movilizarse ante los cambios en las políticas de subsidios a los carburantes adoptadas por las autoridades actuales.
Se ha establecido una convocatoria para el próximo viernes 14 de junio en el Parque Central de la ciudad, desde donde partirán hacia la sede del ejecutivo local. Asimismo, el sábado 15 se llevarán a cabo manifestaciones en diferentes localidades del país con destino a entidades estatales.
De acuerdo con voceros de las organizaciones participantes, es indispensable que la ciudadanía se exprese en contra de las medidas que podrían perjudicar la economía popular.
En palabras de uno de los representantes: "Es crucial que se escuchen nuestras voces y que se prioricen las necesidades reales de la población por encima de cualquier otro interés".
El gobierno ha informado sobre la supresión gradual de ciertos subsidios, en particular aquellos destinados a los carburantes más utilizados en el país, durante el transcurso del presente año. Esta decisión ha generado debate sobre su impacto en la economía nacional.
Ecuador ha mantenido subsidios a diversos productos derivados del petróleo durante varias décadas. A pesar de los beneficios que estos pueden representar en determinadas circunstancias, su asignación inapropiada puede resultar en un gasto innecesario para las arcas públicas, según análisis realizados por reconocidas instituciones locales.
A la fecha, no se cuenta con datos exactos sobre la cuantía total destinada a estos programas a lo largo de los años.
Entre 2007 y 2023, se estima que el Estado ha invertido más de 31 mil millones de dólares en concepto de subsidios, de acuerdo con informes especializados.
Las previsiones para este año apuntan a que los subsidios a los carburantes superarán los 3 mil millones de dólares. Gran parte de este presupuesto se destinará al diésel utilizado en el transporte terrestre.
Está prevista una revisión de los subsidios otorgados a las gasolinas en los tramos premium y regular, los cuales actualmente representan un desembolso estatal de 631 millones de dólares.