Concluye el plazo para la desclasificación de documentos relacionados con el asesinato del equipo de El Comercio

Después de seis años sin respuestas convincentes sobre el asesinato del equipo periodístico de El Comercio, el 4 de abril de 2024, la Corte Constitucional ha emitido una resolución para desclasificar las actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

El plazo para la desclasificación de los documentos vence este miércoles, 8 de mayo. Estos documentos contienen información que ha sido confidencial desde 2018, año en el que ocurrió el secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra.

Javier, Paúl y Efraín fueron secuestrados el 26 de marzo de ese año y el 13 de abril, Lenín Moreno, en ese entonces presidente de Ecuador, confirmó su asesinato a manos del Frente Oliver Sinisterra.

No obstante, la sentencia 4-21-DN/24 restringe la desclasificación a las actas 18 del 28 de marzo de 2018, 19 del 13 de abril de 2018 y 20 del 17 de abril de 2018, así como a los audios, transcripciones y la lista de integrantes de las sesiones del Cosepe relacionadas con el caso.

Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, ha comunicado que luego de semanas de silencio tras la resolución de la Corte Constitucional, los familiares del equipo periodístico de El Comercio han enviado un documento al Ministerio del Interior el pasado 24 de abril.

En el comunicado solicitaron una reunión antes de que venza el plazo máximo establecido para la desclasificación de los documentos. La respuesta fue que la cita se llevará a cabo el 8 de mayo a las 10:00 horas.

Por otro lado, Ricardo Rivas enfatiza que la petición era que la reunión se realizara antes de la entrega para así conocer los avances y, sobre todo, la forma en que se está elaborando el informe que recibirán.

La principal preocupación radica en los respaldos que respalden la información sobre el asesinato del equipo de El Comercio para garantizar su veracidad y finalmente conocer cómo se manejó el caso, los contactos con los perpetradores, entre otros aspectos.

La secretaría del Cosepe, una vez entregada la información, tiene un plazo de cinco días para presentar a la Corte Constitucional un informe detallado que incluya los pormenores de los datos.

Las actas contienen información que ha estado reservada desde los mandatos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso.

La sentencia de la Corte Constitucional también emite una advertencia al Ministerio de Defensa Nacional, a la exsecretaria nacional de Seguridad y al Ministerio del Interior por no haber presentado la resolución de clasificación de las actas mencionadas en el caso de Nos Faltan 3.