Se informa que una figura política, Pedro Merizalde, y su cónyuge enfrentarán un proceso legal acusados de presunto lavado de activos, junto a una entidad legal. La decisión fue tomada por un juez experto en casos de corrupción en una fecha reciente en la ciudad de Quito.
Existen indicios de posibles irregularidades durante la gestión de Merizalde como gerente general de una refinería. Durante su tiempo en el cargo, se llevaron a cabo acuerdos significativos con empresas de renombre.
Además, se ha descubierto que Pedro Merizalde podría haber recibido importantes sumas de dinero a través de estructuras financieras en el extranjero, sin reportar esta información en sus declaraciones oficiales mientras ocupaba cargos públicos.
Según la Fiscalía, se sospecha que Merizalde habría utilizado el sistema financiero nacional con el objetivo de encubrir el origen de una cantidad significativa de dinero ilícito.
La investigación sugiere que esta suma ingresó al sistema financiero ecuatoriano a través de maniobras financieras llevadas a cabo por Merizalde y su esposa. Se cree que el exministro habría realizado diversas transacciones para disolver este patrimonio obtenido de forma ilegal.
Como una medida preventiva, se ha restringido la posibilidad de que Merizalde y los demás involucrados abandonen el país, además de requerir su comparecencia periódica, y se ha dispuesto la incautación de bienes y cuentas por una suma total considerable.