En el ámbito político de Ecuador, las evaluaciones políticas son procedimientos que analizan la actuación de altos funcionarios públicos, como el presidente, vicepresidentes, ministros y otros cargos importantes.
Recientemente, se han presentado varios cambios en las evaluaciones políticas, con la activación del proceso contra la fiscal general Diana Salazar y la suspensión temporal del procedimiento contra la ministra del Interior, Mónica Palencia.
La Comisión a cargo en la Asamblea Nacional deberá dar prioridad al proceso contra Diana Salazar antes que el de la ministra Palencia, siguiendo instrucciones de un juez constitucional que ordenó la suspensión temporal del caso de la ministra.
Se espera que la Comisión retome el proceso en el momento adecuado conforme a los procesos legales establecidos.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, informó al juez Édgar Romero que no se llevarán a cabo sesiones ordinarias para tratar la evaluación política de Palencia hasta que sea pertinente desde el punto de vista procesal.
Esta determinación se basa en una sentencia que concede una acción de protección tras el archivo de tres evaluaciones políticas contra ministros del gobierno anterior. La Comisión aguarda una resolución del Consejo de Administración Legislativa para continuar con las evaluaciones pendientes.
El proceso contra Salazar fue solicitado por la asambleísta Gissela Garzón, acusándola de incumplimiento de funciones en diversas investigaciones. Jorge Acaiturri, del PSC, mencionó que se esperará un informe técnico antes de proceder con el trámite. Además, el bloque socialcristiano adelantó que no respaldará la destitución de la fiscal general en el pleno.
Este sábado 7 de septiembre, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunirá de forma virtual a partir de las 10:30 horas.
En la reunión, se analizará la sentencia del juez Edgar Romero, quien ordenó reactivar las evaluaciones políticas contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso que habían sido archivadas anteriormente por la comisión legislativa.
La decisión del juez Romero responde a una acción de protección presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, donde se determina que las evaluaciones políticas deben reanudarse en el orden original, incluyendo la evaluación contra la fiscal Diana Salazar.
El Consejo de Administración Legislativa ha acogido esta solicitud y ha recomendado la unificación de los procesos, una vez que se verifiquen los requisitos correspondientes.
La Unidad Judicial Penal de Quito impuso una sanción económica a los miembros de la Comisión de Fiscalización por no cumplir con una sentencia judicial relacionada con las evaluaciones políticas contra exmiembros del gobierno.
Esta multa, de carácter compulsivo y progresivo, corresponde al 50% de una remuneración básica unificada y se incrementará diariamente ante la falta de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia.
El fundamento para esta decisión se encuentra en el artículo 132 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece sanciones por desacato a órdenes judiciales.
En caso de continuar con las evaluaciones políticas de exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso siguiendo la orden del juez, el proceso seguirá el orden determinado en la siguiente tabla: