El Ejecutivo respondió oficialmente a la demanda legal presentada por Verónica Abad ante el Tribunal Contencioso Electoral, acusaciones que involucran al presidente y otros funcionarios. Esta respuesta ha sido calificada como un intento de desestabilización y un riesgo para la estabilidad del país.
El Gobierno considera que estas acciones representan una amenaza a la legitimidad de los procesos electorales y buscan bloquear la participación de ciertos candidatos en las próximas elecciones.
Distintos funcionarios y asesores han expresado su rechazo a la denuncia presentada por Verónica Abad, catalogándola como un acto de deslealtad y un intento de golpe de Estado encubierto.
Esta nueva controversia ha generado un ambiente de tensión en la política nacional, con posibles consecuencias legales para el presidente y su administración. La designación de un juez para evaluar la validez de la denuncia añade un nuevo capítulo a esta situación en desarrollo.