En relación a las elecciones venideras, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha decidido adoptar medidas específicas en cuanto al control del contenido difundido en redes sociales por parte de los candidatos. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, ha confirmado que se prestará especial atención al gasto destinado a la publicidad electoral, dejando de lado la regulación directa del contenido en plataformas digitales.
Estas acciones responden a un fallo reciente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ha establecido la supervisión de la publicidad política en redes sociales para los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), tras un caso específico que involucró a Alembert Vera.
Por consiguiente, Atamaint ha aclarado que la sentencia del TCE únicamente afecta a los candidatos del Cpccs, quedando excluidos de esta regulación los postulantes a la presidencia y a la asamblea legislativa.
Por otro lado, José Cabrera, consejero del CNE, ha detallado que el control se centrará en el gasto económico de las campañas en redes sociales, si bien reconoce que plataformas como Meta (Facebook e Instagram) son las únicas que revelan esta información, dejando a Google y X fuera de esta transparencia, lo que representa un desafío para el monitoreo total de los gastos en publicidad online.
El CNE tiene previsto fijar un tope de 5,49 millones de dólares para los candidatos a la presidencia en las elecciones del 2025, cifra que será confirmada una vez se haya cerrado el padrón electoral el próximo 13 de agosto de 2024.
Estas regulaciones se alinean con las normativas existentes para otros medios de difusión como la radio, prensa, televisión y vallas publicitarias, siendo su principal objetivo garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral, así como prevenir violaciones a la legislación en vigor, como la prohibición del uso de menores en las campañas políticas.
En este sentido, el CNE continuará supervisando los gastos en propaganda en redes sociales y plataformas digitales, aunque no intervendrá en los contenidos difundidos en dichas campañas.
Tanto Atamaint como Enrique Pita, vicepresidente del CNE, han asegurado que estas modificaciones legales no tendrán impacto en las elecciones presidenciales, legislativas o para asambleístas y parlamentarios andinos del 2025, ya que el enfoque estará en los candidatos al Cpccs, adaptando así las medidas a la naturaleza de cada proceso electoral.