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Riesgos asociados a la minería ilegal en distintas zonas de Ecuador
Expertos advierten sobre las posibles amenazas y acciones urgentes
La minería ilegal, vinculada a grupos del crimen organizado, está en aumento en varias regiones de Ecuador. Expertos en seguridad señalan que esta actividad ilícita se está fortaleciendo y representando una amenaza tanto ambiental como para la seguridad nacional, al facilitar el lavado de dinero.
La falta de control estatal en las actividades mineras y la posible influencia de grupos delictivos en las autoridades han permitido la expansión de la minería ilegal. Además, la presencia de disidentes de las FARC que brindan protección a los mineros ilegales agrava la situación.
En respuesta a esta problemática, la Asamblea Nacional aprobó reformas al Código Orgánico Integral Penal para aumentar las penas asociadas a la minería ilegal, pasando de 5 a 7 años a 16 a 20 años de prisión.
Situación en diferentes regiones de Ecuador
Expertos en seguridad pública han identificado puntos críticos en diversas zonas del país. En la frontera norte, en Esmeraldas, se debe prestar atención a áreas como Selva Alegre, San José, La Comuna Río Santiago y El Placer, donde ya se ha detectado la presencia de grupos delictivos.
En Carchi, sitios como Chical, El Cielito, Montevideo y Tobar Donoso son considerados vulnerables. Especialmente se destaca la amenaza en Tobar Donoso debido a la presencia de disidentes de las FARC que buscan expandir sus operaciones.
En Imbabura, específicamente en la parroquia Buenos Aires, se han encontrado operaciones ilícitas y presencia de estructuras criminales, incluyendo la utilización de adolescentes en actividades mineras, similar a lo observado en Ponce Enríquez.
En Cotopaxi, lugares como El Boliche y Macuchi demandan atención para evitar que la minería ilegal se establezca. La comunidad requiere capacitación y oportunidades económicas sostenibles para prevenir la infiltración de grupos delictivos.
En la Amazonía, provincias como Zamora Chinchipe, Napo, Orellana, Morona Santiago y Sucumbíos enfrentan graves afectaciones por la minería aluvial, con un alto porcentaje de actividades ilegales que impactan a territorios indígenas.
Desafíos y perspectivas para el futuro
La relación entre la minería ilegal y las organizaciones delictivas ha generado un ambiente de miedo y violencia en las zonas afectadas. Es crucial implementar medidas desde el Estado para evitar la replicación de situaciones como las vividas en Camilo Ponce Enríquez y Buenos Aires.
Los expertos resaltan la urgencia de abordar estos desafíos, promoviendo un desarrollo minero responsable y sostenible en el marco legal, con el fin de evitar repercusiones negativas para la sociedad y el medio ambiente en el futuro.