La figura principal en el caso, Dina Boluarte, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) con el propósito de invalidar la investigación fiscal que desembocó en una denuncia constitucional relacionada con accesorios de lujo, como relojes Rolex. La argumentación legal se basa en la necesidad de seguir un protocolo establecido según la normativa legal vigente.
El abogado Marcos Rivero, en representación de Boluarte, sostiene que las acciones tomadas por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, carecían de la autorización adecuada para iniciar una pesquisa preliminar contra la presidenta sin el previo proceso de denuncia constitucional y sin la autorización correspondiente del órgano legislativo.
Adicionalmente, se ha comunicado que el Gobierno planteará una acción competencial para esclarecer que la Fiscalía no puede investigar a la presidenta más allá de los casos previstos en la Carta Magna mientras ejerza su cargo.
La defensa también postula que el fiscal Villena no estaría facultado para investigar a Boluarte dada su condición de interinidad, solicitando la pronta designación de un fiscal general titular.
Por su parte, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, ha expresado confianza en que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestimará esta denuncia constitucional al considerar que no se ajusta a los supuestos establecidos en la Constitución.
Esta denuncia será objeto de discusión en la próxima sesión. Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ha afirmado que se está cumpliendo con los procedimientos correspondientes y que el Congreso deberá tomar una decisión al respecto.