En un contenido reciente publicado el martes 11 de junio de 2024, Diana Salazar, la máxima autoridad judicial de Ecuador, se refirió a la complejidad de determinar las responsabilidades individuales en las movilizaciones pasadas. Resaltó la relevancia de identificar las acciones de cada persona involucrada en dichos sucesos.
Salazar señaló que varios individuos, incluyendo la actual líder provincial de Pichincha y otros coacusados, han sido llevados a juicio debido a lo ocurrido en el periodo de tiempo mencionado anteriormente. Organismos internacionales han elogiado la gestión de la Fiscalía, reconociendo su enfoque equilibrado.
La Fiscal General aseguró que en ningún momento se pretendió estigmatizar las protestas o la labor de las fuerzas de seguridad. Se ha mantenido una postura responsable, evitando cualquier forma de exceso y garantizando un abordaje equitativo de la situación.
En relación a ciertos episodios pasados, es fundamental comprender que el objetivo de la Fiscalía, su tarea, radica en establecer la responsabilidad individual de cada uno de los implicados. La investigación en estos casos no busca demonizar ni la protesta ni la intervención policial. #VerdadAbsoluta
11 de junio de 2024
Las concentraciones efectuadas en Ecuador durante un determinado mes y año surgieron como respuesta a la eliminación de ciertos beneficios relacionados con los derivados petroleros, una decisión anunciada por la administración del presidente en ejercicio en ese momento como parte de acuerdos con organismos financieros internacionales, generando un alza en los precios.
Diversos sectores de la sociedad, como transportistas, comunidades indígenas, jóvenes estudiantes y agrupaciones sindicales, se unieron en acciones de protesta que implicaron marchas y la interrupción de vías de comunicación. A pesar de la instauración de medidas extraordinarias, las movilizaciones persistieron y se intensificaron.
El día 7 de dicho mes, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció la llegada de una gran cantidad de miembros de comunidades indígenas a la capital para sumarse a las protestas que se desarrollaban en esa jurisdicción. Se registraron choques violentos, personas heridas, arrestadas y daños materiales.
Después de intensas situaciones de conflicto y negociaciones, el 13 de octubre se revocó el decreto que eliminaba los subsidios debido a un pacto alcanzado entre el poder ejecutivo y los líderes indígenas comprometiéndose a implementar nuevas medidas de forma consensuada.