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10-06-2024 17:03

Fiscal General del Estado de Ecuador identifica infiltración de delincuencia organizada en entidades gubernamentales

En una presentación realizada recientemente, se confirmó la presencia de la delincuencia organizada en instituciones gubernamentales, según declaraciones de la Fiscal General, Diana Salazar.

Imagen de una presentación en la Cancillería.

Diana Salazar, quien ocupa el cargo de Fiscal General del Estado, mencionó la presencia de la delincuencia organizada en las instituciones gubernamentales de Ecuador durante el evento.

Salazar participó en la presentación de un proyecto enfocado en fortalecer el Sistema de Justicia del país para hacer frente a las amenazas a la seguridad, desarrollado en la Cancillería.

En sus declaraciones, la Fiscal resaltó la importancia de combatir la delincuencia organizada y su impacto en las estructuras estatales, subrayando que esto es fundamental para el avance y desarrollo de la nación.

Proyecto destinado a fortalecer la seguridad con apoyo financiero internacional

El principal objetivo del proyecto es mejorar las capacidades técnicas para investigar, perseguir y enfrentar las amenazas a la seguridad pública en Ecuador.

Este proyecto contará con respaldo financiero proveniente del Gobierno de los Estados Unidos a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y se extenderá por un periodo de dos años.

Entre las metas específicas se incluye la capacitación del personal del sistema judicial, la provisión de equipamiento y tecnología, así como la mejora de la infraestructura existente.

La implementación de este proyecto estará a cargo de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia.

En este contexto, la Canciller destacó la importancia de intensificar la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada para alcanzar los objetivos planteados por Ecuador.

Además, el director del Departamento de Seguridad Pública de la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfatizó la necesidad de fortalecer la capacidad del sistema judicial para lograr una mayor eficacia en la seguridad pública.