Recientemente, se ha dado el visto bueno por parte de las autoridades municipales al Plan de Uso y Gestión del Suelo de Quito. Este plan incorpora regulaciones esenciales que abarcan desde los límites de construcción hasta la altura de las edificaciones, con el propósito de controlar la expansión urbana hacia áreas rurales.
De acuerdo con las declaraciones de María Rodríguez, representante del departamento de Urbanismo de la ciudad, esta iniciativa constituye el marco normativo que define las directrices para el desarrollo urbano sostenible, señalando las zonas aptas para la construcción y estableciendo restricciones en cuanto a la altura y los usos del suelo permitidos.
El plan se compone de un total de 215 disposiciones detalladas, incluyendo regulaciones específicas para el tratamiento urbanístico y la cartografía actualizada de la localidad.
En este sentido, Rodríguez afirmó que la realización de infraestructuras en áreas rurales seguirá siendo viable siempre y cuando se cumplan con las normativas vigentes en Quito, se obtengan los permisos correspondientes y se respeten las restricciones de construcción en cada lugar determinado.
La proliferación de construcciones ilegales en zonas no autorizadas representa uno de los desafíos actuales para las autoridades locales. Se están implementando estrategias para optimizar los procedimientos y flexibilizar las gestiones en las instituciones pertinentes, con el objetivo de prevenir este tipo de prácticas.
Se espera que la ejecución del Plan de Uso y Gestión del Suelo fomente la densificación en las áreas urbanas centrales de Quito, reduciendo así la necesidad de expandirse hacia zonas rurales. Esta medida contribuirá a mitigar la congestión vehicular en las horas punta, fomentando el uso de medios de transporte público, bicicletas o simplemente caminar como opciones de movilidad dentro de la ciudad.
Por otra parte, Rodríguez también abordó la cuestión del nivel de vida en las zonas urbanas centrales, subrayando que los elevados costos de alquiler y venta están vinculados con los trámites burocráticos previos para la obtención de permisos de construcción. El propósito es facilitar el acceso a viviendas en estas áreas, fomentando la diversificación de empresas constructoras y garantizando la seguridad en las estructuras edificadas.