De acuerdo con un informe reciente sobre inclusión financiera en Ecuador, elaborado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo (RFD), únicamente el 30% de los ecuatorianos tiene acceso a servicios bancarios. Este estudio destaca las persistentes barreras en el acceso a estos servicios, especialmente para grupos como mujeres, jóvenes y adultos mayores.
Valeria Llerena, directora ejecutiva de la RFD, mencionó que a pesar de las estrategias implementadas desde 2023, existen obstáculos significativos para lograr una inclusión financiera completa en el país. Llerena subrayó la importancia de contar con información precisa para desarrollar políticas públicas que sean efectivas.
El informe señala que solo el 31% de los adultos accede al crédito en Ecuador, mientras que el 71% tiene una cuenta de ahorros que utiliza regularmente. Sin embargo, el pago en efectivo sigue siendo el método más común, con solo el 40% de la población utilizando tarjetas de débito o crédito, banca por internet y aplicaciones móviles.
Durante la pandemia, se observó un aumento en la preferencia por los servicios bancarios en línea en lugar de los presenciales. No obstante, con la flexibilización de las restricciones, los servicios físicos han recuperado relevancia, aunque persisten brechas en áreas menos pobladas. Estas disparidades afectan particularmente a los grupos vulnerables, ampliando la exclusión financiera.
Más del 60% de la población ecuatoriana no ahorra debido a las dificultades económicas actuales, y solo el 26% de los ahorradores utilizan el sistema financiero formal. Además, la percepción sobre la accesibilidad de productos financieros, los costos y la seguridad en las transacciones es considerada inadecuada por gran parte de la población, lo que afecta negativamente el acceso y uso de estos servicios.
El informe destaca que a pesar de los progresos, Ecuador todavía enfrenta importantes desafíos para lograr una inclusión financiera total. La disponibilidad de información detallada, como la proporcionada por la RFD, es vital para implementar políticas públicas efectivas que fomenten la inclusión financiera y mejoren las condiciones de vida de todos los ecuatorianos, especialmente en las áreas menos desarrolladas y con menor infraestructura financiera.