Alondra Santiago es una profesional de la comunicación originaria de Cuba que ha elegido Ecuador como su hogar desde hace 20 años. Su labor se ha destacado en diversos medios, consolidándose también como una influyente en redes sociales.
Con 33 años de edad, Alondra llegó a Ecuador cuando tenía apenas 13 años. Su formación académica incluye una licenciatura en Periodismo Internacional y Arte Dramático, así como una maestría en Comunicación y Periodismo.
Ha desempeñado roles como reportera televisiva, locutora radial y columnista. Reconocida por su activismo a favor de la equidad de género y por sus análisis críticos a la administración ecuatoriana. Se identifica con un enfoque político de izquierda y ha sido una voz disidente ante el gobierno liderado por Daniel Noboa.
Además de su labor profesional, Santiago ha incursionado en la enseñanza, siendo docente en la Universidad Técnica de Manabí. A pesar de sus logros, ha enfrentado situaciones controvertidas y críticas, particularmente a raíz de un episodio relacionado con el Himno Nacional de Ecuador.
⚪ DENUNCIA CONTRA ALONDRA, ARTICULISTA DIGITAL
— El Portal Ec (@ElPortalEcu) 6 de junio de 2024
El ciudadano David Marín, ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía por difamación contra la comunicadora Alondra Santiago. pic.com/2bdneerKM5
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador ha emitido una resolución el martes 25 de junio de 2024 en contra de la comunicadora cubana Alondra Santiago Rodríguez, procediendo a su deportación del país.
Lo que antes fue considerado como un rumor, hoy se ha materializado.
— Alondra Santiago (@cubalondra) 25 de junio de 2024
He recibido la notificación de la “revocación de mi visa” por parte de la Cancillería.
Esto representa claramente un atropello a la libertad de expresión. El gobierno intenta silenciarme a toda costa, pero no me quedaré callada.
Esa… pic.com/R5BCYQorcA pic.com/g84PmUhVzm
Según el viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos Dávalos, la deportación se justifica en infracciones graves que representan un peligro para la seguridad pública y la estructura del Estado, siguiendo lo estipulado en la Ley Orgánica de Movilidad Humana.
El artículo 3 de dicha Ley establece el proceso de notificación a las autoridades correspondientes para llevar a cabo la deportación en un plazo de cinco días, garantizando que se realice de manera eficaz y dentro del marco legal establecido.