Tras un referéndum reciente, la mayoría de las propuestas presentadas por el Gobierno de Luis Montoya fueron respaldadas por la ciudadanía. Estas respuestas conllevan cambios significativos en la normativa legal del país, específicamente en el Código Penal y en la legislación relacionada con la confiscación de bienes.
Las enmiendas contempladas resultan en un endurecimiento de las penas de cárcel, que ahora oscilan entre 7 y 30 años para diferentes delitos graves. Por ejemplo, delitos como el sabotaje pasan ahora de tener una pena de 10 a 13 años a una sanción de 19 a 22 años. De forma similar, la fabricación ilegal de sustancias estupefacientes conlleva penas más severas, aumentando de 13 a 16 años.
Esta nueva normativa también afecta a delitos como el crimen organizado, el homicidio, el asesinato por encargo, la explotación de personas, el secuestro por motivos económicos, el tráfico de armas, la financiación de actividades ilícitas y la explotación minera ilegal, imponiendo castigos más severos a quienes participen en estas acciones ilegales.