En la dinámica política de Ecuador, los juicios políticos representan procedimientos trascendentales para evaluar la responsabilidad de los funcionarios de alto rango en el ámbito público. Actualmente, se encuentran en curso varios procesos de juicios políticos en la Asamblea Nacional.
Este proceso se rige por el marco constitucional y legal ecuatoriano, siendo la Asamblea Nacional el ente encargado de actuar como tribunal político en estas circunstancias.
Los juicios políticos reflejan la dinámica política y social del país, procurando garantizar la accountability y transparencia en la gestión pública. Aunque se perciben como un mecanismo para fortalecer la democracia, su eficacia y equidad siguen siendo temas de discusión.
Es de vital importancia para la ciudadanía comprender y dar seguimiento a estos procedimientos, manteniéndose informada sobre las acciones de sus representantes y el funcionamiento del sistema político nacional.
La Asamblea Nacional de Ecuador lleva a cabo diversas acciones de fiscalización para supervisar y controlar las actividades del Ejecutivo y otras entidades del ámbito público. Estas acciones incluyen interpelaciones, juicios políticos, comisiones de investigación, solicitud de información, informes de control y auditoría, fiscalización presupuestaria, mociones de censura y supervisión de contratos y acuerdos.
Estas medidas son cruciales para el buen desarrollo de un sistema democrático, permitiendo que la Asamblea Nacional funcione como contrapeso al poder ejecutivo en distintas situaciones.
Hasta el momento, se han recibido un total de 4,483 solicitudes de información en la Asamblea Nacional.
El exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, fue objeto de censura por su papel en la crisis energética del país, mientras que Juan Zapata, exministro del Interior, enfrentó consecuencias por presuntas irregularidades en su gestión de seguridad y presupuesto.
La realización del juicio político contra Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, se vio interrumpida debido a su estado de embarazo de alto riesgo. Esta decisión contó con el respaldo de la Comisión de Fiscalización y el Consejo de Administración Legislativa, priorizando la salud de Salazar.