Tras la aprobación de la Asamblea para investigar a la líder sindical del Seguro Social, Rosa Argudo, se ha desvelado la relación laboral de sus familiares con el IESS.
Cinco representantes legislativos de Azuay están realizando una investigación concerniente a Argudo, quien desempeña el rol de secretaria en el Sindicato Único de Obreros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Sinduoiess). Recientemente, han hecho pública en el Pleno de la Asamblea la presencia de varios parientes de la sindicalista trabajando en la institución, así como un patrimonio sin justificación clara.
En una entrevista emitida el 23 de julio del 2024 en el programa "Primera Plana", Argudo reconoció que sus tres hijos están empleados en el Instituto, aunque no especificó en qué áreas ni desde cuándo.
Además, mencionó que su nuera, odontóloga de profesión, ingresó a través de un proceso de selección al Seguro Social Campesino y actualmente posee un contrato vigente.
La líder sindical negó que otros familiares estén trabajando en la institución.
Los congresistas de Azuay también han solicitado a la Contraloría General del Estado llevar a cabo una auditoría especial de las declaraciones juramentadas de Argudo y otros líderes sindicales.
Uno de los legisladores, Leonardo Berrezueta, ha cuestionado cómo una auxiliar de enfermería con un salario de 1 295 dólares puede contar con un patrimonio tan elevado y sin una justificación clara.
De acuerdo con la declaración pública registrada en la Contraloría, su puesto es de Auxiliar de Esterilización y su patrimonio asciende a 746 662 dólares. Esta cantidad es considerablemente superior a la declarada en 2020, que fue de 454 598 dólares.
En sus activos figuran dos viviendas valuadas en 344 539 dólares. Igualmente, posee tres terrenos con un valor de 378 020 dólares y un apartamento por 38 000 dólares. Sus deudas suman 86 500 dólares, principalmente debido a una hipoteca.
Otro congresista, Adrián Castro, ha denunciado que la líder sindical encabezó la adquisición del Hotel San Antonio en Cuenca, por parte de la Confederación Ecuatoriana de Trabajadoras y Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad Social (Cetoss).
El valor inicial de la propiedad era de 150 000 dólares, pero al pasar a manos de la Cetoss, se incrementó a 750 000 dólares.
Además de investigar esta compra, la legisladora Sofía Sánchez ha señalado que el sindicato administra 150 000 dólares mensuales y no se tiene información sobre el uso de estos fondos.