Recientemente, la Corte Constitucional ha tomado en consideración varias demandas que cuestionan la validez de la Ley para Enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica. Esta legislación, propuesta por el presidente de la nación, ha sido motivo de debate en diversos sectores.
Las demandas, presentadas por entidades como la Cámara de Comercio de Guayaquil, el Frente Popular y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), buscan analizar la constitucionalidad de ciertos impuestos implementados dentro de la mencionada ley.
El fallo de la Corte Constitucional, emitido el 14 de mayo de 2024, ha despertado gran interés en la opinión pública. La normativa en cuestión, promulgada por el presidente Daniel Noboa en marzo del mismo año, tiene como propósito principal fortalecer las finanzas públicas para hacer frente a desafíos de seguridad y otras problemáticas internas.
Las demandas contemplan críticas tanto en relación a la forma como al fondo de la ley, incidiendo en puntos como la constitucionalidad de ciertas contribuciones temporales y el incremento de ciertos impuestos como el IVA y el ISD.
Una de las principales preocupaciones manifestadas es la posibilidad de que se amplíe aún más la carga impositiva en el país, lo que ha generado controversia y debate en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.
A pesar de la entrada en vigor de los cambios fiscales el pasado 1 de abril, la Corte Constitucional ha decidido no suspender la normativa, lo que ha generado diversas reacciones en la ciudadanía y en los actores políticos del país.