Diversas organizaciones y partidos políticos han expresado su desacuerdo con esta medida adoptada por el Parlamento búlgaro, considerando que atenta contra las normativas comunitarias.
La normativa prohíbe la difusión de ideas relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género no convencionales en el ámbito educativo.
Esta decisión, similar a políticas en otros países europeos, ha provocado críticas y movilizaciones en Bulgaria.
Distintas organizaciones no gubernamentales y expertos legales han resaltado las consecuencias negativas y la falta de claridad en la legislación, resaltando cómo esto podría afectar la protección de los derechos de menores pertenecientes al colectivo LGBT+ frente al acoso escolar.
Algunos representantes políticos han calificado esta decisión como un acto de populismo, mientras que otros han advertido que contraviene acuerdos internacionales sobre derechos humanos.
Grupos como LevFem y el Comité de Helsinki de Bulgaria han mostrado su rechazo a esta normativa, alertando sobre sus posibles repercusiones en el acceso a información y la seguridad de los estudiantes LGBT+.
Ante la controversia desatada, se espera que esta ley genere debates y medidas legales en un futuro próximo.