El Consejo de la Judicatura (CJ) estima un presupuesto de más de 15 millones de dólares para la implementación de los jueces constitucionales, como lo dispone una de las preguntas de la consulta popular y el referéndum 2024, en los que el "sí" obtuvo la mayoría, según el conteo rápido presentado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Álvaro Román, presidente del CJ, mencionó que los 15 millones de dólares serían destinados únicamente al gasto corriente, mientras que los gastos adicionales para infraestructura o adecuaciones necesarias se considerarán aparte; por lo tanto, se planificará en conjunto con el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Nacional para la asignación de recursos. En el caso de la provincia de Guayas se está evaluando un posible comodato.
De acuerdo con el análisis técnico de la Dirección Nacional de Innovación, las unidades especializadas requerirían un total de 43 jueces constitucionales, distribuidos en cinco distritos: Azuay (10 jueces), Guayas (12 jueces), Manabí (6 jueces), Tungurahua (4 jueces) y Pichincha (11 jueces).
Además, se contempla la necesidad de 48 jueces constitucionales en las salas de cortes provinciales: Azuay (12 jueces), Guayas (12 jueces), Manabí (6 jueces), Tungurahua (6 jueces) y Pichincha (12 jueces).
Esto sin tener en cuenta el personal de apoyo, secretarios, ayudantes judiciales, personal de archivo y otros funcionarios adicionales que se requerirán.
Román explicó que la Corte Constitucional (CC) sería la responsable de llevar a cabo este proceso, el cual tomará aproximadamente un año. Es decir, si se inicia en mayo de 2024, tras el concurso de méritos y oposición, y la conformación del banco de elegibles, se concluirá en mayo de 2025.