El grupo denominado Coalición Mujeres Diversas y Feministas de Chimborazo denunció la concesión de la prelibertad de Fausto S., condenado a 25 años por el delito cometido en Riobamba, en 2013, por abuso sexual.
De acuerdo con la coalición provincial, el juez Nelson Rodríguez, de manera cuestionable, otorgó la prelibertad el 23 de agosto de 2024 a Fausto S.
Según la misma coalición, esta acción no solo incumple la normativa legal vigente, sino que también representa una afrenta directa a la memoria de Gaby y a los derechos de las víctimas de violencia sexual y sus seres queridos.
El episodio relacionado con Gaby Díaz conmocionó a Riobamba, su ciudad natal en la provincia de Chimborazo.
La noche del 22 de julio de 2013, la joven de 19 años se encontraba con un grupo de amistades en la residencia de Fausto S., quien luego resultaría ser su agresor.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que Fausto S. e Iván R. perpetraron abusos sexuales en contra de Gabriela y Evelyn.
En el juicio, Evelyn S. describió cómo los agresores "engañaban a las chicas" para cometer los abusos. Indicó que les ofrecían bebidas alcohólicas presuntamente mezcladas con sustancias psicotrópicas.
Las pruebas de ADN, los testimonios de 20 testigos y evidencias fotográficas fueron fundamentales para el esclarecimiento del caso de violación contra Gabriela Díaz.
La Fiscalía señaló que las fotografías halladas en posesión de los acusados resultaron decisivas para resolver el caso.
“En las imágenes se observa a la víctima (Gaby) en estado de inconsciencia. Estas imágenes fueron encontradas en un dispositivo de almacenamiento incautado en la vivienda de uno de los sospechosos en Quito”, afirmó la Fiscalía.
Para sumar más tragedia, la situación de los familiares y allegados de Gabriela empeoró el 5 de abril de 2014.
Ese día, la estudiante de enfermería decidió poner fin a su vida debido al trauma y la depresión que sufrió tras ser víctima de agresión por parte de quienes consideraba sus amigos más cercanos.
Antes de partir, Gabriela dejó una carta a su familia pidiendo justicia.
En memoria de la joven, su familia y distintas organizaciones femeninas de Chimborazo continuaron insistiendo en la denuncia, lo que finalmente llevó a que el 16 de enero de 2015, Fausto S. e Iván R. fueran sentenciados a 16 años de prisión.
Meses después, esta pena fue aumentada a 25 años.
Tras cumplir nueve años en prisión, según la Coalición Mujeres Diversas y Feministas de Chimborazo, uno de los implicados ha obtenido la posibilidad de salir anticipadamente, aún cuando le restan por cumplir 16 años de condena.
La prelibertad es una etapa del tratamiento en la que la persona privada de la libertad, cumpliendo con los requisitos del sistema progresivo, puede realizar actividades fuera del centro penitenciario bajo supervisión y control de la unidad de reinserción social correspondiente.