El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) emitió sanciones para el 'Grupo Celeste'. Estas sanciones afectan a los consejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como a los suplentes Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor.
La decisión judicial, emitida por el juez Fernando Muñoz, corresponde a una violación electoral significativa.
El dictamen de Fernando Muñoz surgió debido a la cercanía de los consejeros con cierta corriente política, hecho que se evidenció durante la campaña para el Cpccs.
Varios videos compartidos en redes sociales respaldaron la queja, mostrando a los involucrados con una figura política o mencionando consignas asociadas a un movimiento.
Los consejeros cuestionaron la autenticidad de dicho material audiovisual.
En ese momento, se debatía en la institución la consolidación del reglamento para la elección del sucesor de la fiscal Diana Salazar, cuyo mandato termina en abril de 2025.
Surgieron dudas sobre si el proceso contra los consejeros tenía motivaciones políticas o pretendía incidir en la selección del Fiscal.
La normativa electoral establece la sanción, que implica el pago de setenta salarios, la destitución del cargo y la suspensión de los derechos políticos por cuatro años.
Una de las sancionadas expresó su desacuerdo en una plataforma digital: “La resolución del TCE vulnera la Constitución y perjudica los derechos políticos”.
Según ella, durante el proceso de elección del nuevo Fiscal, cuestionó repetidamente el reglamento propuesto por la nueva mayoría del Cpccs, afín al Gobierno.
La consejera sancionada manifestó inquietud por posibles acciones políticas contra otros consejeros, acelerando un fallo que considera incoherente.
Un suplente fue designado como consejero por la Asamblea Nacional, generando preocupación sobre un eventual cambio de mayoría, según la sancionada.
Uno de los consejeros comentó que se cumplirán las resoluciones del TCE respecto a los consejeros de la entidad y que estos tendrán derecho a apelar la decisión.
Especificó que aún no habían recibido una notificación oficial y que los procesos para la elección del Fiscal continúan, con diversas propuestas de reglamento, incluida una presentada por los consejeros sancionados.
Una vez aprobado el reglamento, se establecerá un cronograma y se creará una veeduría ciudadana para el proceso de elección. Esto incluirá la formación de una comisión de selección ciudadana y un concurso de méritos y oposición.
La fiscal actual concluirá su periodo en abril de 2025 y no podrá postular nuevamente.